Cermi Canarias, descontento con el nuevo catálogo social
Cermi Canarias asegura que los derechos de las personas con discapacidad no se defienden en el nuevo catálogo de servicios sociales del Gobierno canario.
Cuando los defensores por la discapacidad se ven ignorados
Cermi Canarias (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) ha declarado su descontento con el Gobierno regional de las islas, especialmente con el Catálogo de Servicios y Prestaciones de la Ley de Servicios Sociales públicos de la Comunidad Autónoma.
Una exposición de semanas
Este catálogo, expuesto al público hasta el próximo 9 de julio, es el instrumento mediante el que se determinan, ordenan y califican las prestaciones del sistema de servicios sociales públicos de la Comunidad canaria. A juicio de Cermi Canarias, sin embargo, también es un catálogo que «atenta contra la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad», ya que presenta «muchas deficiencias».
¿Y cuáles son esas deficiencias recriminadas?
Principalmente se basa en un modelo asistencialista, algo que Cermi Canarias rechaza porque, dicen, no se le ha escuchado a la hora de elaborarlo. Para resaltar las carencias de este catálogo, Cermi Canarias explica que existen medidas que serían necesarias introducir, si realmente el Gobierno pretende cumplir con el reconocimiento de derechos y dignidad de las personas con discapacidad. Así, Cermi Canarias entra a valorar los puntos en los que este catálogo de Servicios y Prestaciones de la Ley de Servicios Sociales públicos cojea:
La atención temprana, básica para el futuro desarrollo de las personas con discapacidad; la ausencia de centros ocupacionales donde los asistentes con discapacidad puedan adquirir competencias para tener un empleo, vivir en comunidad y desarrollarse como ciudadanos; el crecimiento de los servicios de accesibilidad en la comunicación.
También se suma la provisión y el apoyo al uso de adaptaciones visuales, auditivas, materiales o tecnológicas en los diferentes ámbitos de trabajo, vivienda, transporte u otros; y el apoyo en el entorno habitual, por último, con el que se evitaría la institucionalización de las personas con discapacidad y con el que se facilitaría su autonomía.
Cermi Canarias critica que se le haya dejado al margen de la elaboración del catálogo social del Gobierno
Carmen Laucirica, presidenta de Cermi Canarias, recrimina públicamente que el tercer sector de la discapacidad no haya participado de forma activa en la elaboración del Catálogo de Servicios y Prestaciones, tal y como el Gobierno canario les prometió en su día mediante «muchos escritos, mails y comunicaciones que desde septiembre de 2019 y hasta diciembre del 2020 se nos enviaron invitándonos a hacer propuestas, y animándonos a las mismas por la amplia experiencia del tercer sector».
Con todo, el catálogo que finalmente ha salido a la luz y que ahora está en exposición, al alcance de consulta de todos, no recoge las proposiciones de Cermi Canarias y Laucirica desconoce el motivo, ya sea por el peso de la pandemia, o quizá por la falta de personal en esta Consejería que dirige Noemí Santana, del partido político de Podemos.
Laucirica Señala que, si bien sí hubo diálogo con ellos, al final sus aportaciones no fueron plasmadas en la propuesta decisiva; por lo que ahora Cermi Canarias, a través de ella, pide que se amplíe el plazo de exposición pública y se les escuchen de verdad.
La presidenta de Cermi Canarias aclara que, si bien el Gobierno de Canarias presume manifiestamente y de forma reiterada que la propuesta, ahora elevada a dominio público, gozó de una amplia participación, «eso no es cierto» en el caso del tercer sector de la discapacidad.
El alcance de actuación de Cermi Canarias
el Comité de la discapacidad que preside Carmen Laucirica representa a un colectivo de unas 5.000 personas con discapacidad y a sus familias, actualmente, así como a más de 1.450 trabajadores, a la par que gestiona unas 2.300 plazas de los convenios de Dependencia.
«Somos entidades profesionalizadas con una gran experiencia y un gran recorrido en el sector», apunta Laucirica, «algunas de ellas con una antigüedad de casi 60 años», recuerda.
Una historia de años a la espalda defendiendo los derechos de las personas con discapacidad, misma razón por la que no pueden validar o aceptar la propuesta del Catálogo de Servicios y Prestaciones que ha elaborado el Gobierno de Canarias.
¿Y por qué?
Básicamente porque es «un documento que presenta numerosas deficiencias y que pone en peligro un futuro digno para las personas con discapacidad», según resume en tono de sentencia la presidenta de Cermi Canarias.
Una desventaja autónoma
«Las personas con discapacidad en Canarias están en una situación de desventaja y desigualdad respecto al resto del territorio nacional», protesta, poniendo como ejemplo de comparativa que la figura del profesional de los Servicios Sociales de atención primaria en Navarra es una, por cada 745 habitantes, contrario a lo que sucede en Canarias, donde hay un profesional por cada 3.219 habitantes.
Un catálogo muy simplificado y poco integral
Cermi Canarias ve en este catálogo social tan controvertido una visión asistencialista, totalmente basada en la dependencia, algo que escama al Comité que representa Laucirica, puesto que supone disponer de una visión simplista de la discapacidad y una pérdida importante de oportunidades para muchísimas personas, que se quedarían sin apoyos y servicios.
Se trata de una metedura de pata que encima suele cometerse con las personas con trastornos de salud mental y las personas sordas, por ejemplo, muchas de las cuales ni siquiera suelen ser valoradas como dependientes.
Un error que se podría haber evitado
Ambas sensaciones provocadas por el catálogo de servicios sociales del Gobierno de Canarias, es decir el malestar por parte del sector y el miedo a que se atente contra los derechos de las personas con discapacidad, son errores que, en aseveración de Cermi Canarias, se podría haber evitado perfectamente.
Especialmente teniendo en cuenta que fue el propio Gobierno quien les pidió desde el principio que hicieran aportaciones, de manera que con su ayuda pudieran generar una misma visión de un Catálogo de Servicios Sociales inclusivo, moderno e igualitario al del resto del territorio nacional… catálogo inclusivo que ha acabado en nada.
Fue un trabajo realizado «con muchos esfuerzos y dedicación», asegura Laucirica, especialmente por parte de «muchos de los profesionales de las entidades que conforman el Cermi Canarias». Y todo para que al final ni siquiera fueran tomadas en cuenta.
Derechos Sociales pone oídos a las quejas de Cermi Canarias
El director general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, Miguel Montero, ha respondido a las quejas del Comité y asegura que la Consejería de Derechos Sociales va a tomar nota de las aportaciones que presenten entidades involucradas como Cermi, la más representativa en el tema de la discapacidad.
Promete así no hacer oídos sordos de las protestas de los comités y Por ello apunta que, si bien el plazo de exposición pública del Catálogo de Servicios y Prestaciones acaba el 9 de julio, se va a ampliar otros 20 días, exclusivamente para este tipo de asociaciones representativas, con el fin de negociar, llegar a un acuerdo y ver qué se puede introducir.
Montero explica que de todos modos el controvertido catálogo no es para un periodo de diez años, sino que es un catálogo que se revisará tras los primeros dos años de su puesta en marcha.
Las propuestas de Cermi Canarias
Entre las peticiones exigidas por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de Canarias, destaca la atención temprana de las personas con discapacidad, centros ocupacionales, un servicio de accesibilidad en la comunicación y otro de apoyo especializado en conducta, que además esté dirigido a personas con discapacidad intelectual; sin olvidar el apoyo que pide en el entorno habitual.
En respuesta, el director general de Dependencia y Discapacidad ha asegurado que estudiará estas y otras propuestas que se formulen desde el momento en que inicie el periodo de exposición.